La única erogación prevista para quienes optaran por la mediación, además de la correspondiente a los servicios de los abogados patrocinantes, eran los honorarios del mediador, que iban a tener como tope el valor de una consulta judicial escrita, según la tarifa fijada por el Colegio de Abogados. Además, está instancia debe ser planteada como una invitación que pueden formular el magistrado, el tribunal o el defensor oficial que intervenga en la causa, y hasta las partes.

El tribunal giró la acordada a la Comisión de Mediación del Colegio de Abogados y a la Defensoría del Pueblo –que lleva adelante mediaciones comunitarias desde 1996-. Estas instituciones sugirieron una serie de cambios para el programa piloto. Por ello, desde diciembre del año pasado los vocales de la Corte provincial analizan un proyecto de acordada, que modifica la número 179/04.

Los cambios previstos apuntan fundamentalmente al registro de mediadores. Pero también al hecho de que las partes puedan disponer de un año -y no de 30 días hábiles judiciales- para intentar ponerse de acuerdo. Asimismo, existe la convicción de que hay que permitir que las Defensorías Cíviles sugieran la mediación aun cuando la controversia no esté planteada judicialmente.

Para implementar el sistema desde junio, el tribunal tucumano dispone de $ 300.000 y habilitaría una oficina en el séptimo piso del edificio de 24 de Septiembre 677 de la capital de la provincia, para que los mediadores y las partes puedan discutir.

Al parecer la iniciativa tomó nuevos aires a raíz de la visita de la ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, quien disertó sobre el tema en las XVIII Jornadas Nacionales de Ministerios Públicos, y allí instó a la comunidad a que se anime a prescindir de la figura del “juez papá” para que a la justicia sólo lleguen los casos de cirugía mayor.

En Tucumán, el Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo recibe 10 pedidos por semana de gente interesada en resolver sus diferencias por esta vía. Durante 2004, fueron iniciadas 80 actuaciones, el 70% de ellas prosperó por la comparecencia de las partes, que es voluntaria, y el procedimiento, gratuito. En el 90% de los casos iniciados, las partes llegaron a un acuerdo en temas como medianería, ruidos molestos, condominios, desalojos, etc.

Además, en la legislatura tucumana se encuentran pendientes de tratamiento varios proyectos de ley para regular la mediación en algunas instancias procesales. Las iniciativas prevén la incorporación de la figura en algunos códigos procesales de la provincia, como una nueva alternativa para resolver los conflictos y para aliviar la labor en determinados juzgados. Más por ahora solo se regirá por la acordada del Superior Tribunal y la esperada modificación a la misma.