A más de tres años de sancionada en Salta la Ley de Mediación Prejudicial Obligatoria, el Ministerio de Justicia de la provincia fijo entre los objetivos de la gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey la reglamentación de dicha norma para su implementación definitiva; en ese sentido, la Escuela de la Magistratura anunció que dictará un curso para la formación de mediadores.

Actualmente, en Salta la mediación funciona a través de un programa establecido en 2000 por la Corte de Justicia. Allí, la cabeza del Poder Judicial local facultó a los jueces de primera instancia a invitar a las partes a utilizar este medio alternativo de resolución de conflictos cuando lo considerasen conveniente.

Al mismo tiempo, se creo un Registro de Mediadores para que puedan intervenir en el proceso, el cual hoy en día está integrado por 14 inscriptos. Por eso, uno de los objetivos para instrumentar la obligatoriedad de la mediación es la capacitación.

El curso de formación que dictará la Escuela de la Magistratura fue homologada por el Ministerio de Justicia de la Nación y está destinada a profesionales universitarios en general.

De acuerdo a la ley 7324, que hoy se busca poner en funcionamiento, “son susceptibles de mediación todos los conflictos cuyo objeto refiera a pretensiones y derechos que resulten disponibles por las partes”. Mientras que por el contrario, establece que “no podrán ser sometidos a mediación”, entre otros temas, los asuntos de divorcio, los derivados del ejercicio de la patria potestad, de adopción y las declaraciones de incapacidad.

Por su parte, en lo que va del año, el ministro de Justicia salteño, Nicolás Juárez Campos, ha mantenido reuniones con distintas entidades que trabajan en mediación para aunar criterios en post de la reglamentación de la norma. "Con los mediadores lograremos descomprimir la conflictividad judicial", dijo en su momento el funcionario.

En ese mismo orden de ideas, la acordada 8568/00 de la Corte de Justicia salteña que implementó el plan piloto de mediación indicó que “resulta un instrumento de vital importancia para la descongestión de la labor judicial, ya que favorece la instalación de un clima de paz social mitigando la cultura de la litigiosidad, brindando respuestas originales al creciente nivel de conflictividad que desemboca en la judicialización de las controversias y atenuando, de este modo, las consecuencias de la “inflación judicial””