“Se entiende por Portabilidad Numérica a la capacidad de los usuarios de telefonía, sea esta móvil o fija, de retener sus números cuando cambien de prestador y/o de servicio y/o de ubicación geográfica”, define el proyecto presentado por el senador nacional Luis Viana (Frente para la Victoria – Misiones), presidente de la Comisión de Economía nacional e inversión de la Cámara Alta.

La iniciativa establece que “el numero de teléfono está íntimamente relacionado con quien lo porta” y cambiarlo significa “un sinnúmero de contratiempos e inconvenientes” que obliga a los usuarios “a seguir vinculados a una empresa telefónica, aún sabiendo que otras ofrecen mejores servicios o a costos mas convenientes”.

El proyecto define a los usuarios como “clientes cautivos” por “los múltiples inconvenientes que acarrea el obligado cambio de número, cada vez que se cambia de prestador”. “Esta situación muchas veces es aprovechada por las telefónicas que orientan sus acciones hacia el fin de obtener mayor lucro, relegando a los usuarios a un segundo plano”, critica la iniciativa.

La portabilidad numérica fue dictada en el año 2000 a través del decreto 764 pero nunca se reglamentó. En marzo, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal de primera instancia Enrique Lavié Pico hizo lugar al amparo presentado por la Unión de Usuarios y Consumidores y ordenó a la Secretaría de Comunicaciones que en 90 se reglamente la norma.

La iniciativa del senador Viana fija que los cambios de empresas serán gratuitos para los usuarios y que las compañías no podrán imponerles ningún plazo de permanencia. “Los portadores de números telefónicos deberán tener los mismo niveles de calidad y confiabilidad en los servicios, que los prestados a aquellos usuarios que no hayan requerido la portabilidad”, aclara el proyecto.

El sistema de portabilidad numérica se aplica en varios países del mundo como Estados Unidos de América, Suecia, Inglaterra, Suiza, Irlanda, España, Australia, Corea del Sur, Sudáfrica, Hong Kong, República Dominicana, Ecuador; Brasil y Colombia, entre otros, según destaca el proyecto.

Inclusive, en septiembre de 1998 la Unión Europea aprobó la directiva 98/61/CE por la cual instó a sus países miembros a que apliquen el mecanismo.